El crimen organizado se entiende como una forma de criminalidad compleja, estructurada y permanente, reconocida tanto por el derecho internacional como por el ordenamiento jurídico chileno. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000), el crimen organizado corresponde a la actuación de un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y actúa de manera concertada para cometer delitos graves, con el fin de obtener beneficios económicos o materiales. Sus elementos esenciales son la pluralidad de sujetos, la estabilidad organizativa, la planificación delictiva y el ánimo de lucro.

En Chile, aunque el Código Penal tradicionalmente abordó el fenómeno mediante la figura de la asociación ilícita, la legislación reciente, especialmente la Ley N.º 21.459, ha incorporado una noción moderna de organización criminal, entendida como un grupo coordinado, con reparto de funciones, destinado a la comisión de delitos graves, y que constituye una amenaza directa al orden público, la seguridad interior y el Estado de Derecho. En síntesis, el crimen organizado se caracteriza por su estructura estable, su capacidad de planificación, su finalidad de lucro o poder y su impacto sistémico, lo que lo distingue claramente de la delincuencia común o delincuencia habitual.

En Chile, la contención del crimen organizado se realiza mediante un modelo interinstitucional, en el que participan diversos órganos del Estado con funciones complementarias.
El Ministerio Público de Chile dirige la persecución penal y las investigaciones, mientras que la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, cumplen roles de investigación especializada, prevención y control territorial.
Los Tribunales de Justicia de Chile aseguran el control judicial y sancionan los delitos, en tanto la Unidad de Análisis Financiero y organismos como Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y Gendarmería atacan las estructuras financieras, logísticas y penitenciarias de las organizaciones criminales. La Agencia Nacional de Inteligencia aporta inteligencia estratégica.
En conjunto, este sistema busca enfrentar el crimen organizado de manera integral, combinando persecución penal, prevención, control institucional y el debilitamiento económico de las organizaciones criminales.

Sí. Como personas, los funcionarios policiales son titulares de derechos humanos inalienables. El Estado tiene la obligación doble de garantizar que los policías respeten los derechos de la ciudadanía y, simultáneamente, proteger los derechos de los propios agentes en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye el derecho a la vida, a la integridad física, a condiciones de trabajo dignas y a la protección legal frente a agresiones.

No. Ciesco solo integra a oficiales en retiro de la PDI, quienes cumplieron labores sobresalientes en la investigación contra el crimen organizado en Chile, a lo largo de su historia contemporanea luego de los años 80, acumulando experiencias desde las primeras manifestaciones del narcotráfico hasta la complejidad de estructuras criminales  transnacionales actuales.